Según Veterindustria, hasta el 75% de las enfermedades que afectan a los seres humanos son de origen animal (zoonosis). Además, este tipo de dolencias pueden causar un importante impacto no sólo en la salud, sino también en la economía, ya que se estima que entre 1995 y 2006 causaron unas pérdidas valoradas en 120.000 millones de dólares.
Por ello, aunque el término One Health o "Una única salud" se introdujo a principios del siglo XXI, cada vez más se habla de ella, porque la salud humana está muy vinculada a la salud animal.
Existen una serie de enfermedades clasificadas como "Enfermedades de Declaración Obligatoria", EDO, que según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "son aquellas patologías transmisibles que por su impacto económico, social o su capacidad de transmitirse al hombre, necesitan de una intervención por parte de los servicios veterinarios oficiales". El criterio para que una enfermedad sea declarada como EDO es su potencial de propagación internacional, además de que se haya demostrado su transmisión natural al ser humano y que sus consecuencias sean graves, o que la enfermedad tenga un impacto importante en la sanidad animal o en la de la fauna silvestre.
La OIE (Organización Internacional de Epizootías actualmente conocida como Organización Mundial de Sanidad Animal) dispone de una lista de EDO.
Por su parte, la Unión Europea también posee su propio listado, así como cada estado miembro. En el caso de España, las Enfermedades de Declaración Obligatoria para rumiantes se encuentran detalladas en el Anexo del Real Decreto 526/2014 y son las siguientes:
Las redes de vigilancia y alerta epidemiológica son fundamentales para el control de las EDO. El objetivo de estas redes es la detección precoz de los problemas sanitarios y su correcta comunicación y alerta para que territorios cercanos y otros países tomen las medidas oportunas con el fin de reducir riesgos.
Así, cuando se detecta una de estas Enfermedades de Declaración Obligatoria, es indispensable comunicarlo a las autoridades veterinarias competentes para que, automáticamente, se pongan en marcha los mecanismos necesarios para su control y vigilancia epidemiológica.
De hecho, según la normativa comunitaria actual, cualquier foco o brote primario de una Enfermedad de Declaración Obligatoria en un estado miembro de la Unión debe notificarse a la Comisión y a los estados miembro en las 24 horas posteriores a su confirmación. Posteriormente, el primer día laborable de cada semana debe informarse a la Comisión de todos los brotes secundarios que se vayan produciendo.
Por otra parte también es necesario informar a la Red de Vigilancia de la Organización Internacional de la Sanidad Animal (OIE), red conocida como WAHIS (World Animal Health Information System), creada con el objetivo de garantizar la transparencia sanitaria internacional.
Además, la Unión Europea cuenta con otra red propia, la Animal Disease Notification System, y España también posee la suya: la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE).
En el caso en el que un ganadero, transportista o veterinario se encuentre ante un incremento de mortalidad de animales, o tenga una sospecha clínica, epidemiológica o de laboratorio de que exista una enfermedad de declaración obligatoria, debe comunicarlo a los servicios veterinarios de la comunidad autónoma para que se lleve a cabo las labores de confirmación del foco y si es positivo, iniciar todo el proceso de información y control con las redes de vigilancia.
Un buen ejemplo de control y erradicación de una Enfermedad de Declaración Obligatoria en España ha sido la desaparición de la brucelosis ovina y caprina, una noticia que en marzo de 2021 se calificó como "histórica" ya que se consiguió tras 25 años de lucha contra esta patología.
En la década de los 90 la brucelosis rondaba una prevalencia de rebaños positivos del 30%. Entonces se inició una estrategia de vacunación de las hembras de reposición combinada con el chequeo serológico y el sacrificio de animales positivos que llevó a un descenso rápido de dicha prevalencia. A partir de entonces se puso en marcha un programa de vacunación obligatoria en las reses de reposición de las zonas afectadas.
Según el Ministerio de Agricultura, conseguir que España fuera declarada indemne de la brucelosis ovina y caprina beneficia a la salud pública, las posibilidades comerciales del sector y la imagen del país en cuanto a gestión ganadera.