El derecho de pago básico era una de las ayudas desacopladas de la Política Agrícola Común (PAC). En la PAC recientemente aprobada, 2023-2027, esta subvención desaparece y pasa a llamarse ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, con algunos cambios importantes. Sigue leyendo para descubrir en qué consisten estas novedades, y cómo pueden afectarte como agricultor o ganadero.
La PAC ha ido evolucionando con los años
La PAC recibe una de las partidas presupuestarias más cuantiosas de la Unión Europea, más de 55.000 millones de euros al año en el periodo 2021-2027. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando, tras la segunda guerra mundial, la disponibilidad de alimentos básicos y el abastecimiento de la población estaban en riesgo. Las medidas desarrolladas a lo largo de las décadas han ido enfocadas hacia varios aspectos, que han ido evolucionando con los años:
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Garantizar una producción estable y suficiente de alimentos esenciales.
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Facilitar la distribución y el almacenamiento.
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Mantener los precios asequibles para los consumidores.
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Mantener unas condiciones económicas dignas para los productores.
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Facilitar la exportación en caso de excedente.
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Encaminar los sistemas productivos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, fomentando las soluciones más ecológicas y el bienestar animal.
Destinadas a mantener unos ingresos justos para los agricultores y ganaderos, independientes del precio de sus productos en el mercado, se han ido creando ayudas, acopladas o asociadas (es decir, unidas a una cierta actividad, y proporcional al tamaño de la explotación y su productividad) y desacopladas o disociadas (es decir, independientes de estos factores). Los gobiernos nacionales o regionales definen cómo se distribuye el presupuesto concedido entre estas ayudas, y cuáles son los requisitos necesarios para recibirlas.
En particular, una de las novedades más importantes de la nueva PAC 2023-2027 es el cambio que se produce sobre el derecho de pago básico. Esta ayuda directa, instaurada en 2015 en sustitución al sistema de pago único (que llevaba en vigor desde 2003), se reemplaza por otra similar, llamada ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS).
¿En qué consistía el derecho de pago básico, y cómo es la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad?
Esencialmente son lo mismo. Ambos se basan en la concesión de ayudas a los agricultores y ganaderos activos en posesión del derecho de pago (en propiedad, usufructo o arrendamiento), proporcionalmente a las hectáreas subvencionables de terreno ubicadas en la región asociada a ese derecho, sea como superficies de cultivo o de pasto, que se encuentren en la península y las islas Baleares. En función de la localización geográfica del terreno y cuál fuera su orientación productiva en el año 2020 se definieron 50 regiones, que con la nueva reforma se unifican y se reducen a 20, cuyo valor por hectárea varía.
La mayoría de los derechos de pago vigentes fueron concedidos en 2015, en el momento de instaurarse este régimen, y el resto se han ido otorgando con los años en sucesivas campañas de asignación de derechos. Estos derechos pueden transferirse (venderse o alquilarse), pero únicamente entre agricultores activos, y nunca por un valor superior al precio unitario establecido por el FEGA (Fondo Europeo de Garantía Agraria).
La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad mantiene los derechos de pago básico de los agricultores y ganaderos que tuvieran estos derechos en el año anterior, siempre y cuando se hayan usado. Si no se usan en dos años, el derecho y su importe correspondiente se ingresan en la reserva nacional, un fondo económico del que se extrae la financiación para otras ayudas, como las que se conceden a jóvenes agricultores. Para hacer uso de estos derechos de pago basta con presentar la solicitud única, aportando la documentación que justifique la posesión del derecho y de las tierras y que demuestre que se les da uso.
En la nueva ABRS hay ciertas reestructuraciones económicas
Dentro de una misma región, hay importantes variaciones en el valor de los derechos de pago (€/ha). Esto es algo que se pretende solucionar, aumentando el valor de los que valen menos. Ya en la campaña 2022 se aplicaron reestructuraciones de convergencia para que ningún derecho tuviera un valor de menos del 73% de la media de su región; en la campaña 2023 se quiere llegar al 76% y al 85% en 2026.
La diferencia principal entre el derecho de pago básico y la nueva ayuda básica a la renta para la sostenibilidad consiste en que parte del importe de esta ayuda variará para cada agricultor o ganadero, dependiendo de si cumple o no ciertos requisitos de sostenibilidad y gestión medioambiental (llevar a cabo prácticas de conservación del suelo y de la biodiversidad, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero…). De esta manera, se pretende fomentar la mejora de las explotaciones agrarias en materia medioambiental y de bienestar animal.
Además, se reduce en un 23% el presupuesto respecto a 2022, por lo que se aplicarán reducciones a la ayuda básica sobre el importe que supere los 60.000 € para un mismo agricultor o ganadero. La reducción se hará por tramos, siguiendo la siguiente norma:
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De 60.000 a 75.000 € se reduce el 25%.
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De 75.000 a 90.000 € se reduce el 50%.
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De 90.000 a 100.000 € se reduce el 85%.
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A partir de 100.000 € se reduce el 100%.
Es decir, un agricultor al que le correspondan 100.000 € o más en concepto de ayuda básica a la renta recibirá, tras aplicar estas reducciones, 80.250 € como máximo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se podrán descontar los costes laborales demostrables asociados a la actividad agropecuaria, de forma que la cuantía final que un mismo agricultor o ganadero puede recibir puede llegar hasta los 200.000 €.
La PAC: un asunto polémico
En el año 2023 se espera que unos 650.000 agricultores y ganaderos españoles reciban ayudas directas por valor de 4.875 millones de euros, de los cuales la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad supondrá 2.452 millones. Estos ingresos compensan las pérdidas que suponen en este sector los bajos precios de venta de los productos, que en muchos casos ni siquiera cubren los costes productivos, y permiten que el agricultor o ganadero tenga unos ingresos mínimos razonables.
Sin embargo, muchos se cuestionan la utilidad a largo plazo de estas ayudas, que generan en el sector primario una dependencia enorme de las instituciones y de las concesiones económicas de la Unión Europea, restando autonomía a este primer eslabón de la industria alimentaria. Manteniendo los precios bajos en origen, se pretende que el consumidor final pueda acceder a los alimentos a un menor precio.
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